Semana movidita en el sistema financiero español. El lunes, las asambleas de Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria, es decir tres de las cuatro cajas que conformaban el SIP Banco Base, votan en contra de la iniciativa de traspasar el negocio bancario al banco común, después de pedir al FROB cerca de 2.800 millones de euros para aprobar los test de solvencia. Esta cifra casi duplicaba las previsiones que el Banco de España publicó la segunda semana de marzo.
El viernes, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, la cuarta en discordia), notificaba a la CNMV su decisión de acudir a la ayuda del FROB en solitario por la misma cantidad que días antes pidió todo el Banco Base. Tras ello, Fitch rebaja la calificación de la CAM al nivel de bono basura.
A tenor de lo ocurrido, no es descabellado pensar que la previsión de 15.152 millones de euros del Banco de España para recapitalizar las cajas se queda corta. De hecho, de ejecutarse la ayuda a la CAM, se alcanzaría el 18% de la previsión. Y recuerdo que sólo se ha salvado a la CAM. Mientras tanto, ¿qué tendrá en mente Miguel Ángel Fernández Ordóñez?
La posibilidad de una intervención de tal calado, por la que evidentemente, se tendrá que dotar (otra vez) el FROB con entre 30.000 y 80.000 millones hace que estas ayudas sean créditos incobrables por parte de los acreedores –es decir, todos nosotros- y supongan en la práctica la asimilación de la deuda –privada- por parte del Estado, que la financiará vía emisiones de deuda –pública-. ¿Suena de algo? ¿Existe alternativa a la nacionalización?